La Paz, 12 ene (Prensa Latina) Los sectores sociales en Bolivia están a la espera hoy de que el Gobierno de facto promulgue la ley de garantías constitucionales aprobada recientemente por el Senado para pacificar el país.
La presidenta de la Cámara de Senadores bolivianos, Eva Copa, explicó a la prensa que la aprobación del decreto, denominado ahora ley para el cumplimiento de los Derechos Humanos, cumple con los acuerdos alcanzados en las negociaciones entre todos los actores políticos en aras de consensuar la estabilidad nacional.
Asimismo, la legislativa añadió que el instrumento debe ir a la Cámara de Diputados, mientras advirtió que si el Ejecutivo golpista de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, no lo promulga, ella lo hará como presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ente con mayoría de representantes del Movimiento Al Socialismo, partido político fundado por Evo Morales.
De acuerdo con el proyecto de ley, los familiares de los muertos y los heridos a partir del 21 de octubre pasado como consecuencia de los enfrentamientos tras el golpe de Estado a Morales, recibirán una indemnización y serán beneficiados con servicios médicos públicos y privados de manera gratuita.
Igualmente, la ley garantiza la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos que se encuentren en el país y en el extranjero.
Por su parte, el artículo siete del proyecto establece que «el Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianos y bolivianas, extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia».
Asimismo, comprende entre esos ciudadanos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, cívicos y políticos, así como personas movilizados del campo y la ciudad en todo el territorio nacional.
«Es importante para nosotros dar cumplimiento a estos acuerdos en torno a poder garantizar que no va a haber persecución política para nuestros dirigentes y liberar a las personas detenidas que no han tenido un debido proceso. Es la solución para pacificar el país y que no haya más conflictos», aseguró Copa.
En ese sentido, precisó que el decreto no es una ley de impunidad, por el contrario tiene como objetivo principal garantizar el resarcimiento de los daños a las personas que han perdido a sus seres queridos y la libertad de expresión para los sectores sociales que deseen realizar reuniones, asambleas y cabildos.
Durante los dos periodos presidenciales de Morales al frente del país andino no hubo ningún muerto civil a manos de las fuerzas del orden, en cambio durante los 10 días posteriores a su renuncia, el pasado 10 de noviembre, fueron registrados 30 fallecidos como consecuencia de la represión castrense.
El primer mandatario indígena de la historia de Bolivia se vio obligado a renunciar en medio de protestas generadas por un informe incompleto de la Organización de Estados Americanos que apuntaba a un fraude electoral en las elecciones generales donde fue declarado vencedor, supuesto luego desmentido.